Menores y Justicia

En el marco de los Cursos de Verano de la UPV y organizado por el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa se está desarrollando el curso 'Menores víctimas y testigos en los procedimientos judiciales' que ha puesto sobre la mesa una cuestión de extraordinaria trascendencia social. En ese encuentro de trabajo se analizan las diferentes fórmulas de atención, cuidado y protección de los menores de edad, cuando son víctimas o testigos de procedimientos judiciales civiles, penales o de justicia juvenil. A lo largo de tres días, profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, psicología y de otros ámbitos debaten sobre las cuestiones relacionadas con la obligación de proteger a los menores de edad cuando tienen que pasar por situaciones judiciales complejas y dolorosas como divorcios problemáticos, violencia machista, violencia intrafamiliar, acoso escolar, conflictos familiares y otro tipo de situaciones similares.
En este contexto, el Gobierno Vasco pone a disposición de la administración de Justicia el llamado 'Equipo Psicosocial Judicial', grupo de expertos compuesto por más de 30 personas profesionales de ámbitos como la psicología, el trabajo social o la educación. Cada año invierte unos 650.000 euros en ese servicio que, entre otras, tiene asignadas funciones como la de atención y protección a las personas menores desde el momento en que se ven inmersas en un procedimiento judicial. Entre sus preocupaciones están las de preparar y facilitar la declaración de los menores ante los tribunales, evitar su doble victimización, realizar evaluaciones psicológicas sobre la situación en la que se encuentran, asesorar a los jueces y fiscales sobre las mejores fórmulas para su protección, asistirles y acompañarles en casos de divorcios sin acuerdo, malos tratos, violencia y un largo etcétera.
Las cifras son bien elocuentes. El año pasado el citado equipo del Gobierno Vasco atendió a 9.549 personas, de las que unas 5.000 fueron menores de edad. El resto eran, en su mayoría, familiares y otras personas allegadas significativas. En el caso de Bizkaia, las personas atendidas en la jurisdicción de menores fueron 1.640, 2.324 en la de familia, 121 en la penal y 10 en otras. Álava se situó en segunda posición, con 1.555, 1.210 y 29 casos respectivamente y en lo que respecta a Gipuzkoa fueron 1.183, 1.445, 29 y 3.
Asimismo, el citado servicio recibió de los juzgados vascos 3.092 solicitudes de evaluaciones psicosociales sobre menores y sus familiares. No es, por tanto, un problema que afecte a un grupo exiguo de personas, ya con los afectados son más de los que cabría pensar. Detallando las cifras, 1.252 evaluaciones psicosociales procedieron de unidades en procedimientos de familia, 1.535 fueron demandas de informes técnicos y procedimientos restaurativos sobre menores infractores, 179 fueron asistencias psicológicas a exploraciones y testimonios de menores inmersos en procedimientos penales y, finalmente, en 28 casos se trató de elaborar informes relacionados con credibilidad del testimonio o evaluación del daño psicológico a menores. En cuanto a las solicitudes de informe, Bizkaia encabezó el ranking con 1.490 peticiones, seguida de Gipuzkoa con 910 y Álava con 692.

Categoría: Joseba Arruti