El debate político y social sobre las pensiones y su futuro no deja de crecer. La famosa 'hucha' generada en su día ha ido menguando progresivamente durante los años de crisis y nadie apuesta porque dure mucho más allá de 2017. A partir de ese momento, financiar las pensiones, ganadas a pulso por los jubilados durante décadas de trabajo, será cada vez más difícil y parece inevitable que el Gobierno de turno deba estudiar nuevas vías de ingresos para sostener el sistema. Sin duda, esta controversia estará muy presente en las sesiones de investidura que se avecinan en el Congreso de los Diputados.
Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas ha detectado recientemente que 29.321 pensionistas fallecidos siguieron cobrando su pensión en 2014, sumando un importe de, al menos, 25,3 millones de euros sólo en la nómina de ese año. En un informe de fiscalización de ese año, la citada institución ha señalado, además, que el 95% de los fallecidos (27.860) seguía cobrando la pensión en octubre de 2015. Como era de esperar, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha desmentido "rotundamente" tal noticia, subrayando que en 27 años la Seguridad Social ha detectado sólo 90 casos en los que un fallecido cobrara la pensión.
En la actualidad hay en España 9,4 millones de pensionistas. De la cifra total de fallecidos que habrían seguido cobrando la pensión sólo en 766 casos hay coincidencias mayores que el número del DNI, como el nombre y apellido o la fecha de nacimiento. El Ministerio cree que los demás casos, más de 28.000, se deben a la duplicidad del carnet de identidad. Precisamente, se trata de un problema importante en España, ya que la última estimación hecha por el INE en 1996 señalana que había 105.000 unidades a las que afectaba esta deficiencia. Estos errores se producirían, además, entre los mayores de 70 años, que no tienen la obligación de renovar el DNI.
Unos 400.000 ciudadanos españoles fallecieron en 2014. El Ministerio de Empleo ha revelado que las defunciones se controlan por cuatro vías. La forma de verificación más importante es el intercambio diario de datos con el Ministerio de Justicia. Esto permite controlar el 95% de los fallecimientos que se producen. El 5% restante se detecta gracias a los datos del INE o de las respectivas direcciones provinciales, así como al control de la presentación anual de fe de vida para los residentes en el extranjero. Además, en caso de producirse algún abono indebido de una prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede reclamar al beneficiario la devolución, lo que suele ocurrir más temprano que tarde.
Más allá de estos contratiempos, apenas quedan unos 25.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el fondo soberano de inversión creado por el Gobierno en 2000 a fin de garantizar el sistema público correspondiente. La última disposición fue anunciada este pasado jueves por el Ministerio de Empleo: se trata de 1.000 millones que serán destinados a pagar las retenciones practicadas por el Ejecutivo en las dos pagas realizadas en junio, la habitual del mes y la extra veraniega, con cargo al IRPF.
A partir de la creación del Fondo, los sucesivos Gobiernos fueron realizando aportaciones llegando a 66.000 millones de euros en 2011, con Rodríguez Zapatero en la presidencia. Hasta entonces nunca se había tocado la 'hucha'. En 2012, con Rajoy al frente del Ejecutivo, se retiraron 7.000 millones; en 2013 otros 11.000. En 2014 el Fondo mermó hasta los 41.000 millones, tras haber sido retirado un saldo acumulado de 33.000 millones. El año pasado la cifra siguió disminuyendo hasta los 32.481 millones de euros, y un saldo retirado de 47.201. Ahora, el saldo retirado es ya de 55.000 millones, y el acumulado de 25.000. Son cifras preocupantes, que hacen ineludible e inaplazable un debate a fondo acerca del futuro de las pensiones. No del futuro lejano, sino del muy próximo.
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