Euskadi y la inmigración

El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, acaba de publicar su Barómetro correspondiente a 2015, del que cabe destacar que sólo un 12,4% de los ciudadanos vascos considera la inmigración como uno de los tres problemas principales de Euskadi. No obstante, a juicio del 54,2% las personas inmigrantes de benefician "excesivamente" del sistema de protección social. El estudio se basa en 1.113 encuestas realizadas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, concretamente en 61 puntos de muestreo repartidos en 29 municipios, 6 alaveses, 11 guipuzcoanos y 12 vizcaínos.
Cuando se pregunta a los ciudadanos vascos por los tres problemas principales que existen actualmente en Euskadi, el 90,4% menciona el paro, el 30,5% los problemas económicos y el 17,4% la clase política. Únicamente el 1,6% menciona de forma espontánea la inmigración como primer problema, aunque el total de menciones sea del ya referido 12,4%. En comparación con 2014, la percepción del problema de la inmigración ha aumentado ligeramente, pasando del 12,1% al 12,4%. Sin embargo, cuando se sugiere como problema, el aumento de la inmigración se encuadra en esa categoría para un 15,3% de los vascos. En primer bote es citado por un 4,7%, más del doble que cuando se considera problema de Euskadi de forma espontánea. En ese contexto, los problemas socioeconómicos vuelven a copar las principales preocupaciones de la sociedad, con el paro y el coste de vida a la cabeza, seguidos por las pensiones, las desigualdades entre ricos y pobres y otros similares.
La consideración de la inmigración como problema personal en primera mención es del 2%. Respecto al total de las menciones, se observa que la inmigración supone un problema de índole personal sólo para el 7,3% de la población vasca. Así, el porcentaje ha descendido levemente en comparación con 2014, pasando del 7,5% al 7,3%. Los problemas que más menciones reciben a nivel personal son el paro (59,9%) y las cuestiones de tipo económico, con un 33,5%.
Cuando se establece la comparación con barómetros anteriores, respecto a 2014 aumentan ligeramente como problemas el paro y los relacionados con lo económico, y disminuyen los que tienen que ver con la clase política. En lo que atañe a la inmigración, no hay grandes variaciones desde 2009, al comienzo de la crisis económica. No obstante, la visión funcional y utilitarista de la inmigración en relación al mercado laboral se ha erosionado considerablemente con el impacto de la crisis durante los años precedentes. En cambio, en 2015 se ha dado un giro a esta forma de ver las cosas y sube casi 12 puntos. Mientras que en 2004 un 80% creía que Euskadi necesitaba población inmigrante para trabajar en algunos sectores laborales, el porcentaje en 2015 es del 42,2%. De igual manera, en 2004 un 11% creía que no se necesitaba población inmigrante, y el año pasado esa cifra llegó al 41,3%, consolidándose como la opinión mayoritaria.
Algo parecido ocurre con la afirmación de que la economía funciona mejor gracias a que la población inmigrante ocupa puestos que la autóctona no desea. En 2014, un 32,8% estaba de acuerdo con esa afirmación, y el año pasado el porcentaje llegaba al 44,9%. En comparación con 2014 hay pues un giro hacia una visión más práctica de la inmigración, que es la forma básica de aceptación de la población inmigrante.
En ese escenario, un 80,5% piensa que las personas inmigrantes deben esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones locales —en 2013 era el 83,3% y en 2014 el 80,5%—, mientras que el 70,4% aboga por un esfuerzo compartido de integración. Por otra parte, se reparte a partes iguales, con el 40% a cada lado, el porcentaje de quienes creen que la presencia de personas extranjeras genera inseguridad y delincuencia, y quienes creen que no. Asimismo, un 44,4% piensa que pagan menos impuestos de lo que luego reciben, frente al 25,2% que considera lo contrario. Para acabar, un 11,6% de los vascos no pondría ningún obstáculo legal a la entrada de inmigrantes, mientras que un 6,6% es partidario de impedirla por todos los medios. El 56,5% pone como condición de entrada que posean un contrato de trabajo, y el 14,9% está a favor de permitirla si se cumplen los preceptivos requisitos legales. También son clara mayoría los que apuestan por expulsar del país al inmigrante que cometa cualquier delito (48,1%).

Categoría: Joseba Arruti