Derechos en peligro

Amnistía Internacional (AI) es una organización de prestigio en el ámbito de los derechos humanos y sus informes son siempre muy tenidos en cuenta por parte de la opinión pública e incluso por la de los gobiernos aludidos de forma negativa en los mismos. Recientemente ha publicado su informe anual sobre los años 2015-2016, en el que señala que "muchos gobiernos han infringido abiertamente el derecho internacional y están debilitando intencionadamente las instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas". Son unas acusaciones muy duras que van acompañadas de la advertencia del secretario general de la organización, Salil Shetty, de que "no solo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el sistema que los protegen". A juicio de AI, España no está al margen de estas prácticas ya que estaría "limitando la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica y desoyendo las recomendaciones" que se le hacen en sentido contrario.
Dice Amnistía Internacional que "millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los 'valores' nacionales".Según cifras de esta organización, en el período que cubre el informe, más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 30 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. Además, en al menos 19 países, el respectivo gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las 'leyes de la guerra'.
Las Naciones Unidas ocupan un apartado importante en el análisis que realiza AI acerca de la situación internacional. En su opinión, la ONU y sus oficinas de protección de los derechos humanos y personas refugiadas se resintieron gravemente por culpa de la hostilidad y el abandono de gobiernos en 2015. El conflicto sirio sería, para esta organización, "un terrible ejemplo de las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas".
Respecto a España, Amnistía considera que con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, "se ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica". "Se han establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren 'falta de respeto' o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias", abunda la organización internacional.
También considera que "la definición de terrorismo es ahora tan vaga en España" que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión ha alertado de que las recientes modificaciones del Código Penal podrían penalizar comportamientos que hasta ahora no constituían delitos de terrorismo y "restringir desproporcionadamente" el legítimo derecho a la libertad de expresión. Además de censurar la actitud de España con los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, AI resalta que el Gobierno español se comprometió a reubicar a 17.000 refugiados sirios procedentes de Italia y Grecia en 2015, cuando solo han llegado 18.

Categoría: Joseba Arruti